AED

La Educación durante la Restauración Democrática 

(1976 – 2000)

Para situar debidamente esta nueva etapa social, política y económica, es importante indicar el contexto histórico que le antecede. Nos encontramos en un periodo de transición entre la dictadura franquista y la tan anhelada democracia que estaba por venir.


Derecha, centro, socialistas, nacionalistas e izquierda aúnan fuerzas y firman el anteproyecto de la Constitución Española, que fue apoyada por un 87% de la población en referéndum. Ante esto se firma un pacto inicial de educación, en el cual todos estaban de acuerdo en que se debía garantizar el derecho a la educación fundamental, siendo la educación básica obligatoria y gratuita y basada en el respeto a los principios democráticos y en los derechos y deberes fundamentales, además de poniendo interés en la autonomía universitaria. Pero no todo fueron coincidencias, los socialistas cedieron ante el derecho a la formación religiosa, pero con la condición de que esta fuera voluntaria, cosa que el centro hubo de conceder, los socialistas también tuvieron que aceptar la libertad de enseñanza, en lo que a centros privados se refiere y por último, el centro también reconoció la necesidad de una “programación general de la enseñanza” y la intervención de toda la comunidad educativa en el control y la gestión del centro.


Aunque pueda parecer que tras este pacto la tendencia iba a ser a caminar todos en la misma dirección, la realidad no fue ni similar. Aprovechando una inconcreción en la redacción del texto de la Constitución, cada uno tomará el mismo a su propio interés, generando así numerosos conflictos.


En la primera legislatura democrática, accede al poder Unión Centro Democrático (UCD), es un periodo inestable, con una crisis económica como protagonista junto con el proceso de construcción democrática, esto requiere una gran atención por parte del gobierno, que padece una acentuada inestabilidad, reflejada por ejemplo en el hecho de que hubiese 6 Ministros de Educación en tan solo 6 años. Todas estas circunstancias impiden una política educativa mejor estructurada y de más largo alcance. Pero pese a todo esto, es conveniente resaltar la firma de los Pactos de Moncloa en 1977 que establecieron el marco estable de concertación entre gobierno, sindicatos y empresarios y la inversión de más de 40.000 millones de pesetas en la creación de nuevos centros de enseñanza.


La primera de las confrontaciones de las que hablábamos antes se produjo ante el Estatuto de 1980. El Partido Socialista presentó un recurso por inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional falló a su favor, reconociendo una vez más la libertad de enseñanza, tanto en la creación de centros, como de cátedra o en la elección de formación religioso-moral y la participación en control y gestión de centros de representantes de toda la comunidad educativa.


También se inicia el proceso de descentralización de las administraciones, dando paso a las preautonomías, que permitiría, entre otras cosas, el estudio de la lengua propia de cada territorio de manera oficial.


En 1982 se produce un cambio de gobierno, llega al poder en esta ocasión el Partido Socialista. Se podría decir que es el periodo más reformista y en el que más logros a nivel educativo se producen.


Empieza en 1983 con la LRU (Ley Orgánica de la Reforma Universitaria), de la que cabe destacar el principio de autonomía de las universidades, pudiendo elaborar sus propios estatutos, financiar y gestionar sus recursos, elaboración de sus planes de estudio e investigación, etc.


Ya en 1987 se propone un Proyecto para la reforma de la enseñanza. Algunas de sus ambiciones eran prologar la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años, la extensión de la oferta escolar a zonas de expansión poblacional, programas de becas en niveles postobligatorios para jóvenes de familias con rentas bajas, desarrollo de educación compensatoria para jóvenes sin éxito escolar, experimentación de sistemas de integración de alumnos con minusvalías en centros ordinarios o el fomento de planes de educación para adultos, entre otras.


Por otro lado, ante el descuido que el anterior proyecto cometía con la educación técnico-profesional, en 1988 se plantea también un Proyecto de reforma de la misma.


Todo esto provoca una segunda confrontación de las fuerzas políticas mayoritarias, con una gran reacción popular mediante presiones ejercidas por parte de organizaciones tales como la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza o la Confederación Católica de Padre de Alumnos. Pero en esta ocasión el Tribunal Constitucional sólo aprueba leves matices, restando así importancia al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los populares.


Tras 20 años de vigencia de la Ley General de Educación, llega en 1990 la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo). Para empezar plantea una nueva configuración, dividiendo la educación obligatoria en tres etapas: infantil de 0 a 6 años, primaria de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 16 años. Por otro lado, introduce la formación profesional inserta en la secundaria y después en ciclos modulares, educación de alumnos con necesidades educativas especiales, enseñanzas de régimen especial (música, arte dramático, idiomas…) y formación de personas adultas. En cuanto a los cambios, se renuevan los contenidos curriculares, atención a valores y desigualdades, refuerzo de recursos e infraestructuras, potenciación de los servicios de orientación y se impulsa la formación tanto inicial como permanente del profesorado.


Una nueva cesión de poder se produce en 1996, al resultar el Partido Popular ganador de las elecciones. En esta legislatura se intenta dar un paso atrás desde la LOGSE, una deconstrucción de la norma. Se quiere premiar a las escuelas eficientes según los informes del INCE, dándoles la opción de seleccionar a los mejores candidatos, dinámica que sólo aceleraría la espiral de la desigualdad social. Todo esto se ve frenado en 1997 cuando las fuerzas sociales más importantes del país redactan un texto de demanda de una política de Estado para la Educación.





Desde entonces hasta la actualidad la dinámica ha sido la misma, un tira y afloja entre las principales fuerzas políticas españolas, que siempre intentan favorecer sus intereses sin pensar en lo que realmente es conveniente y necesario para la educación. El sentir general es de desafección a las mismas por no existir un acuerdo real que fije objetivos comunes que hagan que caminemos todos en la misma dirección y no obstaculizándonos, ya que al final las consecuencias de ese desentendimiento las pagamos todos.


















Referencias bibliográficas



Benito, A. E. (2002). La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y culturas pedagógicas. Madrid: Biblioteca Nueva.






Damián Traverso, J. (1978). Educación y Constitución. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.












Maravall, J. A. (1984). La reforma de la enseñanza. Barcelona: Laia.